La teoría del garantismo propuesta por Luigi Ferrajoli, se encuentra inserta en el modelo neoconstitucionalista que surge después de la segunda guerra mundial. Durante los siglos XIX y mitad del XX, debido al esquema Kelseniano formalista y normativista en el que se encontraba inmerso el derecho, no existía un enfoque constitucional de valores y principios humanistas, históricos, sociales y políticos, por lo que la propuesta del modelo, representó un nuevo esquema de andamiaje constitucional que estableció como objetivo central y ejes rectores del naciente Estado Constitucional, la tutela y protección de los derechos fundamentales del ciudadano.
Es en este contexto que el jurista italiano construye su teoría jurídica a partir de lo que él considera un desgaste estatal y una crisis generalizada en la que se encuentra el derecho, cuya manifestación se ve reflejada en la ausencia o ineficacia de los controles legales a los poderes públicos, la falta de adecuación del estado de derecho a las funciones del Welfare State (en el contexto europeo) y la crisis del estado nacional, factores que han constituido y derivado en un debilitamiento del constitucionalismo nacional y la consecuente crisis de la democracia y de la legalidad.
Los derechos fundamentales, entendidos como derechos subjetivos de prestaciones y/o correspondientes de no sufrir lesiones, son considerados universales en tanto que derivan de, y corresponden a la condición humana, es decir, son independientes de la relación designación-denotación a la que se hace referencia en textos legales, cuyo contenido únicamente expresa el valor procesal o categórico que se les otorga en dichos instrumentos, y en todo caso, solamente se vinculan normativamente con los valores y principios reconocidos constitucionalmente.
El término universalidad, para efectos de su teoría, designa, en primer lugar, a las cualidades de la expresión derechos fundamentales; es decir, la inalienabilidad, imprescriptibilidad, indisponibilidad e innegociabilidad. En segundo lugar, la expresión es denotativa de las características trascendentales de los derechos a la vida, a la igualdad, la supervivencia, la dignidad de las personas, etc.
Históricamente, la conquista de estos derechos tiene su origen en las revoluciones inglesa, americana y francesa, así como los diferentes movimientos sociales y políticos de los siglos XIII al XVI, los cuales, constituyen la base sobre la cual tiene sustento la idea del Estado moderno. Tales fenómenos, fundamentalmente los segundos, encuentran en los principios de igualdad, libertad y fraternidad su razón de ser. Valores que han sido el soporte arquitectónico en la conformación del Estado liberal, y posteriormente del Estado Constitucional.
La propia dinámica histórica de este fenómeno, constituyo la idea libertaria del ciudadano como titular de sus propias conquistas, es decir, como legitimo depositario de los objetivos logrados, pero como todo fenómeno crea su propia contradicción, el resultado de estas luchas no fue el mismo en todos los casos. Por lo que la titularidad de aquellos derechos consagrados, no siempre correspondía a la condición civil del individuo, y en todo caso, la capacidad de ser titular de estos derechos era inversamente proporcional al grado de democratización de un estado.
A partir de esta tesis, el autor establece una categorización interlineal y cruzada derivada de una matriz con la cual coteja tales conceptos, y propone que existen cuatro tipos de derechos a saber: derechos humanos, derechos públicos, derechos civiles y derechos políticos, cuya correspondencia y titularidad dependerán del status personae del individuo.
Es a partir de esta “distinción”, en un sentido connotativo y peyorativo, que la titularidad de derechos fundamentales está directamente relacionada con la capacidad de ejercer ciertas prerrogativas, lo que ha generado múltiples problemas debido al uso del lenguaje polisémico con la que malintencionadamente se usan expresiones de este tipo para justificar el otorgamiento de tales garantías.
En relación a lo anterior el autor propone cuatro tesis en materia de derechos fundamentales: a) la titularidad de los derechos fundamentales no opera igualmente para aquellos derechos de naturaleza patrimonial en virtud de que estos si pueden ser susceptibles de alienarse por el orden estatal b) si los derechos fundamentales en cuanto prerrogativas y expectativas de todos, constituyen la naturaleza de la igualdad jurídica, y esta es la base de la democracia, entonces, tales derechos conformaran lo que el autor denomina, la democracia sustancial, cuya concepción deberá ser el principio rector de la nueva relación entre derecho y democracia, es decir, las decisiones democráticas (legislativas) no serán determinadas en función de la representación mayoritaria que les da origen, sino con base en los contenidos sustanciales que las integran, esto es, los derechos fundamentales. Por lo que el derecho, en todo caso, quedará sujeto y sometido a esta nueva forma de democracia sustancial c) la elevación de estos derechos fundamentales a categorías supraestatales; todos los estados nacionales deberán reconocer el papel predominante de su naturaleza constitutiva d) control de los poderes públicos. La tesis del más débil, es decir, la de los ciudadanos. En ausencia de tales derechos fundamentales, lo que regiría seria un derecho positivo, esto es, la ley del más fuerte, o la ley del estado.
Es en esta propuesta que el nuevo paradigma del derecho pondrá los límites a los poderes públicos mediante el establecimiento de los derechos fundamentales como premisa de la instauración de regímenes democráticos y sociales. De esta forma el modelo garantista no solo pretende describir un sistema jurídico sino interpretarlo armónicamente para refundar el Estado social sobre la base de los principios de igualdad y legalidad. El papel de la ciencia jurídica no solo tendrá una función descriptiva, sino proyectiva y critica de su objeto de conocimiento: el derecho. Se establece una racionalidad jurídica diferente a la del positivismo jurídico mediante técnicas de garantía y condiciones de validez vinculante, otorgándosele mayor importancia al contenido sustancial de las normas que a la forma jurídica de estas. Un nuevo constitucionalismo critico fundado en principios éticos y valorativos sustentado en el principio de legalidad.
Estos son los presupuestos que el autor expone para corroborar sus hipótesis señaladas en párrafos anteriores. Derivado de sus sistemas de teorías el autor señala que: el garantismo es una alternativa para la limitación de los poderes públicos, legales y extralegales. Y establece una concepción propia de la teoría del derecho, de la ciencia jurídica y de la filosofía política. En el primer caso la visión exclusiva de la teoría del derecho implica que el Estado Garantista modifica el esquema original del derecho por una alternativa diferente que responde a las necesidades de una sociedad contemporánea. En relación a la ciencia jurídica refiere que esta tiene la función de analizar la “experiencia empírica” y esta experiencia empírica está integrada, para la ciencia jurídica, por dos tipos de “hechos observados” u observables: las normas jurídicas y los fenómenos jurídicos Y en el caso de su filosofía política, describe el replanteamiento de la relación entre política y derecho.