sábado, 26 de noviembre de 2011

breve reseña de este libro que me encontre

MARTÍNEZ, Pichardo Sergio, Lineamientos para la Investigación Jurídica,

Porrúa, México, 2008

Dentro de la vasta producción de textos dedicados a orientar a los alumnos en la elaboración de tesis de grado, se encuentra este libro que sin duda constituye una herramienta importante para aquellos que están por iniciar la ardua tarea de redacción de su tesis, así como aquellos que ya se encuentran en la confección de sus trabajos recepcionales. El texto en comento expone de manera clara y sencilla los conceptos fundamentales para comprender la función de la tesis, su estructura y la elaboración metodológica que ha de servir como guía para los interesados en la materia.

Entre los objetivos del texto en comento se encuentra el de determinar con objetividad la función practica de la tesis como proyección final del conocimiento adquirido durante el tiempo de estudiante. Asimismo, refiere las complicaciones a las que se enfrentan los alumnos en la elaboración de sus trabajos por no contar con las herramientas metodológicas necesarias para la elaboración de textos trascendentes en sus contenidos, y la consecuente disminución de la producción científica en las diferentes áreas del conocimiento.

Otro de los objetivos del texto es mostrar los múltiples tipo de trabajos de naturaleza científica y específicamente jurídicos para la materialización de la investigación científica de calidad, tarea que en el campo científico no es del todo sencilla debido a las deficiencias y limitaciones que muestran algunos profesores en la práctica de la academia, problemas que muchas ocasiones se transmiten a los alumnos quienes únicamente se dedican a transcribir o relatar sus trabajos sin que exista una producción científica original y de calidad.

Así, el texto contiene la estructura de la monografía como de la tesina, la memoria, el ensayo, el informe, la ponencia, el tratado, los diccionarios, las enciclopedias y los manuales.

Aunque es relativamente corto el texto, integra en su contenido la información relevante y practica que las personas interesadas en la elaboración de trabajos académicos deben saber. Es una lectura sencilla, ligera y fácil de comprender sin dejar de notar la funcionalidad de sus contenidos, los cuales son esenciales para comprender ampliamente las funciones básicas, el uso, la estructura y los objetivos de una tesis como trabajo final y material de la vida académica de los alumnos de licenciatura, maestría y doctorado. Lineamientos para la investigación jurídica es un texto que todo estudiante de derecho y de las ciencias sociales debe consultar obligadamente en la elaboración de sus trabajos de investigación                                       .                                                                                                                  Gersain Lima Martínez.

sábado, 19 de noviembre de 2011

reflexiones sobre filosofia del derecho II

La filosofía del derecho, como ciencia jurídica, representa un abanico de posibilidades en el estudio epistemológico del fenómeno jurídico, y como tal, las teorías jurídicas constituyen el método de análisis de este. Por lo que estudiar el fenómeno jurídico desde ópticas distintas, implica necesariamente hablar de distintos objetivos y de propósitos diversos.

Partiendo de la premisa anterior, es posible mencionar que existen diferentes niveles y categorías metodológicas para abocarse al estudio del derecho. Así, el estudio comparado de teorías jurídicas supone, necesariamente, la existencia de esquemas conceptuales constituidos por elementos teoréticos, metodológicos y epistemológicos de rangos distintos, es decir, de alcance y trascendencia diferente. En ese sentido, es plausible establecer que el carácter epistemológico de una teoría jurídica específica, estará determinado por la función que cumpla en el análisis del objeto de estudio específico.

Dentro de este abanico filosófico es plausible determinar la existencia de teorías conceptuales, descriptivas, criticas, justificativas y científicas como resultado de la existencia intrínseca de su explanandum. A partir de la construcción de una teoría general del derecho, como esquema de interpretación conceptual de un sistema jurídico determinado, es que el análisis conceptual -en la filosofía jurídica- juega un papel determinante al delimitar las categorías teoréticas de los conceptos que la integran. Sin embargo, esta composición conceptualista genera obvias dificultades cuando se habla de una teoría o teorías general (es) del derecho. ¿Cuáles deben ser las propiedades fijas que deben guardar sistemas jurídicos para que se les considere dentro de esta teoría general? ¿Qué se debe entender por derecho en sistemas jurídicos no democráticos? ¿Qué es la justicia y la democracia? Tales preguntas aducen una interpretación ontológica y abstracta que no es susceptible de solucionar por su carácter metafísico. En todo caso, la función analítica de estas teorías es proponer únicamente conceptos y categorías descriptivas para estudiar un fenómeno que no es susceptible de verificación, pero sí de transformación y cambio, y en todo caso, la vigencia de una teoría jurídica conceptual con pretensiones de ser teoría general, está dada en función de la duración de una realidad determinada y de la validez personal de aquellos que la consideran funcional para explicar explanandums determinados.

Uno de los principales propósitos de las teorías jurídicas, además de describir ciertos hechos observables, es la de generar conceptos y explicaciones a partir de definiciones particulares. Tales definiciones constituyen, en la dinámica de la teorización, el punto inicial de la confrontación y divergencia entre una y otra teoría. Entonces es plausible hablar de esquemas de interpretación distintos de un fenómeno particular referido por una estipulación que resulta ser en todo caso conveniente o no conveniente en su definición.

Otra propósito importante dentro de las teorías jurídicas conceptuales es la de diseccionar un concepto en sus elementos definitorios ya que de esta forma surgirán los aspectos más importantes de un discurso. Este propósito genera ciertas dificultades en su enfoque ya que el intentar fijar las características más importantes de un concepto o teoría, es tanto o más vago como decir que es bello y que es bueno para uno y para otro individuo.

Bajo estas consideraciones no es plausible determinar que una teoría es mejor o más importante que otra que no considera en su estructura los mismos elementos metodológicos que la primera y viceversa. Sería demasiado pretencioso hacerlo.

Ahora bien, ante estas vicisitudes surgen opiniones que consideran el aplicar al análisis del fenómeno jurídico un enfoque metodológico naturalista, pero acaso el método de comprobación empírica puede llevarse a fenómenos abstractos como lo es el derecho, es decir, no parece factible que la definición de conceptos como el derecho o la norma pueda ser verificable en un laboratorio. Dado que la función conceptual de estas teorías es describir ciertos hechos mediante estipulaciones conceptuales, no sería conveniente ni prudente ubicarlas en categorías metodológicas fácticas.

En este contexto, el papel de la filosofía jurídica analítica juega un rol fundamental porque es a través de su aplicación en la definición del fenómeno jurídico, donde encontraremos los elementos definitorios que nos permitan abordar el estudio del derecho de una manera alterna y desde una perspectiva diferente al enfoque teórico esencialista. A partir de este enfoque, establecer que es lo que hace al derecho, permitirá elucidar cual es la naturaleza de este, es decir, cuales son los componentes y elementos que lo caracterizan, y en todo caso, definir qué es lo que se considera como derecho en una teoría jurídica determinada. El resultado práctico de este enfoque, consiste en fijar las categorías sobre las cuales ha de plantearse la valoración del fenómeno jurídico y el grado de derrotabilidad –si es que se puede hablar de ello- que en algún grado tendrá una teoría sobre la otra.

Bajo esta óptica surge la interrogante básica en el pensamiento de quien aborda estas cuestiones ¿Cuál es el objetivo de la filosofía del derecho? ¿Cuáles son los criterios que se deben adoptar para determinar que una teoría es superior o más exitosa que otra? Tales cuestionamientos traen aparejada una discusión toral en su planteamiento ¿Qué metodología adoptar para resolver estas cuestiones? Para el caso es necesario referir hasta qué punto es necesario acudir a valoraciones epistemológicas de los explanandums subyacentes. Como ya se menciono anteriormente, fijar los límites de extensión del derecho es una tarea que puede resultar incompleta, ya que si por un lado no existen criterios objetivos que especifiquen el universo denotativo de esa expresión, establecer cuales serian los elementos definitorios del derecho, es decir, que es el derecho o como debe ser el derecho, derivaría en relativizaciones y estipulaciones valorativas y subjetivas de carácter personal. Pero lo anterior, no hace sino sentar las bases de la correcta metodología utilizada en el estudio del fenómeno jurídico, en virtud de que no puede hablarse de los contenidos sustanciales del concepto sino es a través de su explicación metodológica, por lo que parece que es ineludible, y sobre todo correcto, que las teorías jurídicas realicen la función evaluativa del fenómeno jurídico, llamado derecho.

Es así que “las teorías en la filosofía del derecho no tiene simplemente que mencionar verdades, sino además tiene que sostener verdades que iluminen aquello que resulte ser lo más importante y más característico de los fenómenos que se están investigando”[1].



[1]Dickson, Julie, Evaluación en la teoría del derecho, trad. de Juan Vega Gómez, México, Universidad Nacional Autónoma de México,2006, p.32

reflexiones sobre filosofia del derecho

El papel de la filosofía del derecho constituye una herramienta metodológica fundamental para entender claramente el fenómeno jurídico denotado por la expresión derecho. La construcción teórica de distintos esquemas de interpretación, en diferentes tiempos y momentos, es la clave para entender la función que realizan estos esquemas de interpretación, o teorías, de una realidad específica, cuyas características constitutivas están definidas por los enfoques epistemológicos de las teorías a las que corresponden. En ese sentido, podemos hablar que existen teorías jurídicas que intentan definir la naturaleza metafísica del derecho, teorías esencialistas; teorías que conciben a este fenómeno jurídico como la manifestación de una voluntad divina, teorías iusnaturalistas; aquellas que consideran el derecho como un simple conjunto de normas prescriptivas orientadas a la exigibilidad de determinadas conductas, teorías positivistas; y en todo caso, las teorías que ubican al derecho como resultado de la aplicación consuetudinaria del trabajo jurisdiccional, teorías realistas.

En general, es plausible hablar de distintos enfoques interpretativos de un mismo fenómeno, y consecuentemente, de distintas teorías o hipótesis que ofrecen soluciones distintas a un problema que no es singular, es decir, no existen teorías particulares a las que se les pueda adjudicar un criterio único, universal y verdadero de solución a un problema que puede ser deconstruido en distintas formas, niveles y enfoques distintos, en todo caso, las teorías jurídicas son complementarias de un objeto de estudio heterogéneo.

miércoles, 16 de noviembre de 2011

Critical Legal Studies (Kennedy)

A diferencia de lo que ocurre en autores como Robert Alexy, cuya propuesta constituye una reflexión abstracta sobre la forma correcta de argumentar jurídicamente, Duncan Kennedy, dentro del movimiento de los Critical Legal Studies,  se acerca al estudio del derecho de una manera concreta; le interesa analizar directamente el derecho desde la perspectiva de su aplicación jurisdiccional, por lo que en la lectura correspondiente al presente trabajo, el autor asume el papel de un juez federal al que se le presenta un asunto de relativa complejidad, el cual debe resolver atendiendo a dos objetivos fundamentales: su proyecto político personal -expresión esta que denota, por una lado, una ideología especifica y orientada a generar un cambio en el estado de cosas mediante la emisión de la sentencia respectiva, y en segundo lugar, un procedimiento sistemático y constante de hacer algo cotidianamente: su trabajo; es decir, la argumentación jurisdiccional- y el cumplimiento irrestricto de la ley.



En ese sentido, el juez Kennedy -en el proceso de dictar su sentencia- debe lidiar en el fuero interno con una serie de dilemas ideológicos y políticos, sin que ello sea óbice para fundar y motivar su sentencia conforme a la ley. Es bastante peculiar que en este punto el autor no refiere una metodología específica para llegar a un fallo singular; lo que interesa, en todo caso, es como integrar armónicamente en el ejercicio de la adjudicación jurisdiccional, la carga ideológica y política de los jueces a los contenidos deónticos fundamentales del derecho sin que estos dos elementos colisionen o se contrapongan, sino por el contrario, se complementen. Ante todo, las decisiones de los jueces deben ser percibidas por la comunidad jurídico-política como legales, apegadas a derecho y por lo tanto, legítimas, sin que esto sea un obstáculo para que la decisión del juez (o de los jueces) cumpla con el objetivo de su proyecto político personal.



Esta expectativa representa lo que el autor denomina la-sentencia-a-la-que-yo-quiero-llegar, y en su cumplimiento, el juez debe afrontar el problema de la ambigüedad de resultados que ofrecen los materiales jurídicos con los que dispone para la resolución del caso. Tales ambigüedades experimentadas por el juez, son designadas por el autor como libertad y restricción. El ejemplo mas claro de estas sensaciones de ambigüedad (libertades y restricciones) en los jueces, es la percepción apriorística e inicial de los resultados que les pueden arrojar los materiales con los que cuentan, es decir, la relatividad del campo jurídico. Dado que este campo jurídico es el material con el que cuentan los jueces, de su manipulación y “juego”, dependerá en gran medida la legitimación de sus decisiones, y por lo tanto, el éxito en el proyecto particular del juez y el triunfo de sus intereses personales. Contrario sensu, si no se realiza una manipulación “correcta” del material jurídico, sus decisiones podrán ser políticamente correctas pero jurídicamente ilegitimas, o viceversa.



Al efecto, el autor en su rol ficticio de juez -y con el objeto de cumplir sus proyectos políticos personales pero atendiendo a la restricción de la ley- propone varias estrategias a seguir en la elaboración fundada y razonada de las decisiones jurisdiccionales. Una de ellas es la que consiste en el replanteamiento de los hechos del caso, es decir, el reacomodo de los hechos al otorgársele relevancia a determinados aspectos de estos, con el objetivo de activar condiciones normativas distintas de las originales, y llevar el asunto hacia otro campo jurídico con un resultado distinto del que la ley puede prever en determinado momento, afectando de esta forma, la ratio decidendi de la jurisdicción y reencauzando naturalmente la decisión y el análisis jurídico de la fundamentación inicial, hacia los objetivos planteados en el proyecto político personal del juez.



Es decir, en función de los intereses e ideologías políticas del juez, se alteraran las condiciones de activación normativa para excitar sistemas y subsistemas jurídicos diferentes, y al efecto, se podrán fundar legítimamente las decisiones jurisdiccionales, las cuales podrán enfocarse en un sentido diferente al que inicialmente se planteó. En un sentido, la deconstrucción de la estructura deóntica al subvertir el valor axiológico de los hechos y su adecuación normativa mediante la argumentación jurisdiccional como ratio decidendi.

Sobre Finnis

Rodolfo Vigo sobre Finnis

A través de una serie de proposiciones descriptivas, el autor (Vigo) propone un marco de referencia conceptual orientador y emergente de la teoría jurídica de Finnis. El objeto de esa metodología es introducirnos en los conceptos epistemológicos básicos sobre los cuales Finnis, construye su teoría jurídica, y  dogmáticamente, justifica su génesis.

Sobre el particular se desprende lo siguiente:

Propuesta filosófica.

Los elementos definitorios y/o constitutivos del objeto de estudio de Finnis son categorías con una razonabilidad práctica (conductas e instituciones) es decir, orientados a decisiones y acciones con una finalidad específica; qué es lo que se debe hacer para lograr un algo, una satisfacción o bien social -en el sentido de meta u objetivo. Esta concepción es fundamento originario del esquema tridimensional del objeto de estudio de Finnis, en donde las proposiciones deónticas son proyecciones de la finalidad práctica de la acción humana justa (buena moralmente). Y esa finalidad es comprensible mediante el conocimiento a través del conocimiento, esto es, el conocimiento intrínseco y dual generado en una relación de correspondencia dentro de la experiencia humana; un conocimiento autorreferencial materializado en su actuar en sociedad.

Finnis considera la existencia de una realidad constituida por reglas e instituciones (idea de derecho) cuya finalidad es la de brindar vigencia y eficacia a esas reglas, la cual, debe ser valorada internamente por los operadores jurídicos (jueces o abogados) para decidir si esa realidad debe ser considerar como central o periférica, es decir, dependiente en grado de proporción.

Finnis menciona que la praxis humana es una acción encaminada a satisfacer un algo, y si la realidad denominada por él como derecho, cumple esa funcionalidad practica -ya que busca en todo caso el bien común- entonces esa realidad es la que considera como central. Y asimismo refiere que quien está en condiciones de decidir esa realidad justa o injusta, es el hombre virtuoso (spoudaios) que no sólo invoca esa razonabilidad práctica, sino que la experimenta. Existe una dimensión heterónoma del derecho respecto de la relación dependiente de lo justo y lo injusto, en donde el segundo depende valorativamente del primero, pero aunque sea injusto o secundam quid, no deja de ser jurídico.

Asimismo, excluye el origen divino y simplista del derecho natural, al argumentar que dentro  de los bienes humanos básicos no es necesario acudir a esa génesis, ya que existe una estructura armónica, compleja y abstracta de valores trascendentes y espirituales que son fundamentales para alcanzar determinados fines.

Concepto de derecho

Para Finnis, el derecho es un fin en sí mismo de realización de conductas y bienes, –metas- de cuyo cumplimiento depende el seguir determinados principios axiológicos de razonabilidad practica (derecho natural en términos “positivos” o de lo que hay que hacer), o buen juicio, y estos se alcanzan por medio de la moral y las instituciones que le otorgan validez a aquellas. Y la naturaleza del primero la encontrara dentro del ser humano en la plenificación de un hombre justo, bueno.

Para Finnis el derecho es coactivo, auto regulativo y “positivo”, en el sentido de que su integración al orden normativo, no le despoja de su esencia naturalista  y moral, ya que su obligatoriedad es independiente de su positivización por el hombre al integrarlo a las estructuras sociales. El derecho natural es derecho, el orden jurídico es positivo al conformase de normas de derecho natural y positivo, es decir no se puede negar juridicidad al derecho natural por las razones expuestas en párrafos anteriores. Finnis no desvincula la moral del derecho y considera a la autoridad parte de este. Una trilogía vinculada. El derecho natural, en todo caso, sería parte del orden positivo al ser integrado por una fuente social como referente de aplicación.





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sábado, 12 de noviembre de 2011

Hart y su concepto del derecho




HART (EL CONCEPTO DEL DERECHO



  • Sistemas Jurídicos Simples. El autor refiere que aquellas órdenes respaldadas por una amenaza, como el caso de las leyes penales, no reproducen, en estricto sentido, el modelo de un sistema jurídico compuesto, sino más bien es un modelo de derecho simple al establecer que las órdenes dadas por el soberano son simplemente respaldadas por la amenaza de aplicar la sanción si se incumple la orden (existe la coacción), no hay una justificación sustancial.



  • Sistemas Jurídicos Modernos. Se componen de dos tipos de reglas: Primarias que prescriben que los individuos hagan u omitan ciertas acciones, lo quieran o no. Y secundarias, que dependen de aquellas o son secundarias en relación con ellas; y en las cuales se establece que los individuos tienen la facultad de introducir  nuevas reglas de tipo primario. Las del primer tipo imponen deberes y las del segundo, confieren potestades públicas (legislativas o jurisdiccionales) o privadas características de un estado moderno.



  • La ciencia de la jurisprudencia es la integración de estos dos tipos de reglas, las cuales le dan a la ley el carácter de aplicación general a cualquier caso en particular.



  • El ingrediente de exigencia social juega un papel determinante en el cumplimiento de la obligación, es decir, existe una obligación moral de “tener que” cumplir algo y  hay un “deber moral de” hacer algo por la presión social ejercida para el cumplimiento de las reglas establecidas que exigen una conducta determinada. El carácter social y fundado del derecho y no la naturaleza punitiva, autoritaria e impositiva del estado.



  • Sociedades Modernas. Estar obligado y sentirse obligado. La diferencia radica en que en el estar obligado existe de por medio el carácter obligatorio no optativo de cumplir algo, y el sentirse obligado a cumplir con ese algo, es una característica natural del cumplimiento forzado y de carácter coercitivo que implica la imposición de una sanción si la conducta exigida no es materializada. Aunque pareciera en esencia un mismo esquema de cumplimiento, el “tener que” o el “deber de” proviene de la expresión generalizada de una colectividad, la cual es plasmada en la facultad o potestad de los órganos legislativos y jurisdiccionales de expedir reglas de aplicación general a todos los individuos a quienes va dirigida, y de cuyos individuos, se espera el acatamiento a tales disposiciones en función de su contenido y no de una situación de riesgo probable de aplicación de una sanción en el caso del cumplimiento o incumplimiento de esas reglas. Por lo que la conducta encuadrada o adecuada a la hipótesis normativa de aplicación general -y su consecuente individualización- debe ser la justificación material de la aplicación de sanciones a aquellas conductas que son contrarias a las reglas que regulan eso, la conducta. Y de ninguna manera la aplicación de la sanción per se como resultado de una orden coercitiva aislada no cumplida.



  • Existe una base social claramente definida que le da sustento y legitimación a la imposición de sanciones. Y es esta misma base social la que le otorga esas facultades potestativas a los órganos para decir, generar o eliminar reglas primarias siempre en función de sus prospectivas e intereses comunes. Sociedades organizadas y estructuradas normativamente.



  • El derecho como control jurídico. Entendido como la unión de reglas primarias y secundarias de obligación, constituye el control social preciso -en una sociedad moderna- que garantiza el cumplimiento de los fines que comunitariamente han sido proclamados, y cuya estructura primaria, está determinada por la concepción común y el objetivo general de convivencia armónica (en términos del autor, el carácter interno de la regla) Mientras que la estructura secundaria -determinante de la primaria- es el nivel ascendente en donde se generan de manera potestativa, institucional y ordenada las reglas que han de regular y modelar jurídicamente a una sociedad.



  • En términos del autor, explica que el derecho es la integración de todos los elementos que determinan el carácter social, jurídico y potestativo de una sociedad, cuyo funcionamiento está dado por la construcción y existencia de un sistema estructural. ordenado y claramente normativo.






Sobre garantismo

La teoría del garantismo propuesta por Luigi Ferrajoli, se encuentra inserta en el modelo neoconstitucionalista que surge después de la segunda guerra mundial. Durante los siglos XIX y mitad del XX, debido al esquema Kelseniano formalista y normativista en el que se encontraba inmerso el derecho, no existía un enfoque constitucional de valores y principios humanistas, históricos, sociales y políticos, por lo que la propuesta del modelo, representó un nuevo esquema de andamiaje constitucional que estableció como objetivo central y ejes rectores del naciente Estado Constitucional, la tutela y protección de los derechos fundamentales del ciudadano.

Es en este contexto que el jurista italiano construye su teoría jurídica a partir de lo que él considera un desgaste estatal y una crisis generalizada en la que se encuentra el derecho, cuya manifestación se ve reflejada en la ausencia o ineficacia de los controles legales a los poderes públicos, la falta de adecuación del estado de derecho a las funciones del Welfare State (en el contexto europeo) y la crisis del estado nacional, factores que han constituido y derivado en un debilitamiento del constitucionalismo nacional y la consecuente crisis de la democracia y de la legalidad.

Los derechos fundamentales, entendidos como derechos subjetivos de prestaciones y/o correspondientes de no sufrir lesiones, son considerados universales en tanto que derivan de, y corresponden a la condición humana, es decir, son independientes de la relación designación-denotación a la que se hace referencia en textos legales, cuyo contenido únicamente expresa el valor procesal o categórico que se les otorga en dichos instrumentos, y en todo caso, solamente se vinculan normativamente con los valores y principios reconocidos constitucionalmente.

El término universalidad, para efectos de su teoría,  designa, en primer lugar, a las cualidades de la expresión derechos fundamentales; es decir,  la inalienabilidad, imprescriptibilidad, indisponibilidad e innegociabilidad. En segundo lugar, la expresión es denotativa de las características trascendentales de los derechos a la vida, a la igualdad, la supervivencia, la dignidad de las personas, etc.

Históricamente, la conquista de estos derechos tiene su origen en las revoluciones inglesa, americana y francesa, así como los diferentes movimientos sociales y políticos de los siglos XIII al XVI, los cuales, constituyen la base sobre la cual tiene sustento la idea del Estado moderno. Tales fenómenos, fundamentalmente los segundos, encuentran en los principios de igualdad, libertad y fraternidad su razón de ser. Valores que han sido el soporte arquitectónico en la conformación del Estado liberal, y posteriormente del Estado Constitucional.

La propia dinámica histórica de este fenómeno, constituyo la idea libertaria del ciudadano como titular de sus propias conquistas, es decir, como legitimo depositario de los objetivos logrados, pero como todo fenómeno crea su propia contradicción, el resultado de estas luchas no fue el mismo en todos los casos. Por lo que la titularidad de aquellos derechos consagrados, no siempre correspondía a la condición civil del individuo, y en todo caso, la capacidad de ser titular de estos derechos era inversamente proporcional al grado de democratización de un estado.

A partir de esta tesis, el autor establece una categorización interlineal y cruzada derivada de una matriz con la cual coteja tales conceptos, y propone que existen cuatro tipos de derechos a saber: derechos humanos, derechos públicos, derechos civiles y derechos políticos, cuya correspondencia y titularidad dependerán del status personae del individuo.

Es a partir de esta “distinción”, en un sentido connotativo y peyorativo, que la titularidad de derechos fundamentales está directamente relacionada con la capacidad de ejercer ciertas prerrogativas, lo que ha generado múltiples problemas debido al uso del lenguaje polisémico con la que malintencionadamente se usan expresiones de este tipo para justificar el otorgamiento de tales garantías.

En relación a lo anterior el autor propone cuatro tesis en materia de derechos fundamentales: a) la titularidad de los derechos fundamentales no opera igualmente para aquellos derechos de naturaleza patrimonial en virtud de que estos si pueden ser susceptibles de alienarse por el orden estatal b) si los derechos fundamentales en cuanto prerrogativas y expectativas de todos, constituyen la naturaleza de la igualdad jurídica, y esta es la base de la democracia, entonces, tales derechos conformaran lo que el autor denomina, la democracia sustancial, cuya concepción deberá ser el principio rector de la nueva relación entre derecho y democracia, es decir, las decisiones democráticas (legislativas) no serán determinadas en función de la representación mayoritaria que les da origen, sino con base en los contenidos sustanciales que las integran, esto es, los derechos fundamentales. Por lo que el derecho, en todo caso, quedará sujeto y sometido a esta nueva forma de democracia sustancial c) la elevación de estos derechos fundamentales a categorías supraestatales; todos los estados nacionales deberán reconocer el papel predominante de su naturaleza constitutiva d) control de los poderes públicos. La tesis del más débil, es decir, la de los ciudadanos. En ausencia de tales derechos fundamentales, lo que regiría seria un derecho positivo, esto es, la ley del más fuerte, o la ley del estado.

Es en esta propuesta que el nuevo paradigma del derecho pondrá los límites a los poderes públicos mediante el establecimiento de los derechos fundamentales como premisa de la instauración de regímenes democráticos y sociales. De esta forma el modelo garantista no solo pretende describir un sistema jurídico sino interpretarlo armónicamente para refundar el Estado social sobre la base de los principios de igualdad y legalidad. El papel de la ciencia jurídica no solo tendrá una función descriptiva, sino proyectiva y critica de su objeto de conocimiento: el derecho. Se establece una racionalidad jurídica diferente a la del positivismo jurídico mediante técnicas de garantía y condiciones de validez vinculante, otorgándosele mayor importancia al contenido sustancial de las normas que a la forma jurídica de estas. Un nuevo constitucionalismo critico fundado en principios éticos y valorativos sustentado en el principio de legalidad.

Estos son los presupuestos que el autor expone para corroborar sus hipótesis señaladas en párrafos anteriores. Derivado de sus sistemas de teorías el autor señala que: el garantismo es una alternativa para la limitación de los poderes públicos, legales y extralegales. Y establece una concepción propia de la teoría del derecho, de la ciencia jurídica y de la filosofía política. En el primer caso la visión exclusiva de la teoría del derecho implica que el Estado Garantista modifica el esquema original del derecho por una alternativa diferente que responde a las necesidades de una sociedad contemporánea. En relación a la ciencia jurídica refiere que esta tiene la función de analizar la “experiencia empírica” y esta experiencia empírica está integrada, para la ciencia jurídica, por dos tipos de “hechos observados” u observables: las normas jurídicas y los fenómenos jurídicos[1]. Y en el caso de su filosofía política, describe el replanteamiento de la relación entre política y derecho.









[1] Ferrajoli, Luigi, Epistemología jurídica y garantismo. Madrid, 2004: Fontamara, pp 20-23,44

viernes, 11 de noviembre de 2011

Sobre Dworkin y sus derechos en serio

Alguna reflexión sobre los derechos en serio de Dworkin

Ronald Dworkin considera que:

1.- Reitera su teoría del derecho como un sistema integral que incluya tanto enunciados de tipo jurídico como proposiciones de carácter axiológico y/o moral.

2.-señalar que el derecho, como conjunto de deberes y  derechos subjetivos  tanto normativos como proposicionales, es y debe ser la referencia obligada para reconocer  y aplicar el derecho y la moral como criterios de decisión en una comunidad determinada, y no como lo señala el positivismo, considerar única y exclusivamente los enunciados normativos como elementos definitorios del concepto de derecho.

3.- A partir de los argumentos que expone Hart, Dworkin infiere los errores del positivismo  al evidenciar la contradicción de los postulados del primero, y de manera paralela, justifica los suyos al exponer en primer lugar que:

a) la aceptación de una conducta en una comunidad determinada crea obligatoriedad de aquella, Dworkin contraargumenta utilizando los criterios de Hart y manifesta que; si bien es cierto que la decisión de los jueces genera o es una regla de reconocimiento, estas decisiones son adoptadas con base en las reglas primarias de una comunidad y al emitir sus decisiones los jueces están aplicando el derecho de manera normativa, pero si sus decisiones contienen un contenido social, es evidente que no se puede soslayar la característica moral de dichas decisiones.

b) si los derechos y deberes existen porque hay una regla de reconocimiento (norma social en términos de Dworkin) entonces el derecho visto asi, es un producto social, a partir nuevamente de la tesis de Hart de que la aceptación de la norma crea obligatoriedad, luego entonces el derecho contiene un fundamento social y moral y no solamente normativo y formal y de ahí se desprende que las decisiones judiciales obviamente contengan esa carga moral ya que si los jueces apelan al positum juridico y este reviste el carácter social, luego entonces el derecho no puede desvincularse de su contenido moral.

c) Dworkin establece aristas definidas pero integrales entre el derecho Hartiano y su propuesta incluyente de derecho y moral  trascendental (moral como los principios de igualdad, equidad, justicia, etc)  a partir de la observcion de hechos sociales descriptivos susceptibles de ser evaluados por medio de esa regla de reconocimiento señalada.  Y en todo caso, esa regla de reconocimiento de Hart, tendría un origen social a raíz de la expresion comunitaria de su creacion y la tesis de que dicha regla proviene de los órganos parlamentarios y judiciales, o estos son el origen, se cae, ya que la decisión de los jueces o del poder político, solamente es la jusitificacion del contenido moral que consitutuye su aplicación pero no el origen que determine su contenido, y que aun asi no solamente es normativo sino obviamente también moral.

4.- Ahora bien, el autor señala que aunque la moralidad concurrente  pueda ser un criterio de decisión de los jueces, y dado que el positivismo no acepta los alcances de la moralidad convencional, ninguna de las dos tesis seria posible o plausible sino se establecen los alcances de ellas.

5. Para Dworkin la regla de reconocimiento valida seria que los jueces  asumieran y aceptaran que tienen una obligación de hacer lo que la norma los constriñe, tomando en cuenta para esto un principio general de deber, limitando asi, la discrecionalidad de haecer unicamente lo que debido.

6.-El autor refiere una cuestión de ética jurídica al  establecer la disyuntiva de las decisiones de un juez cuando no existe norma expresa que fundamente sus obligaciones de decidir, y la discrecionalidad a la que recurre cuando las efectua. Pero al acudir a su discrecionalidad únicamente esta respondiendo a un requerimiento social de ajustarse al deber de hacer (su obligación), y no lo que debe hacer (su discreción). Y en este punto se propone el limite a la discrecionalidad judicial con base en el requerimiento de constreñirse a lo que debe obligarse y no a lo que esta obligado.  Por lo tanto, se considerea que si es fundamental no seaprar la discrecionalidad de los jueces, esta  debe existir pero en términos de justicia, equidad e igualdad.

6.- En conclusion, el autor propone la vinculacion directa e inmediata de los derechos y obligaciones dentro de un doble enfoque: la fuerza vinculante de los principios que propone, se integren en las decisiones judiciales en concordancia con los enunciados normativos , es decir, moral y derecho.


Alexy derechos fundamentales



Sobre derechos fundamentales de Alexy se comenta lo siguiente:

A) Ciencia del derecho

La teoría de los derechos fundamentales del autor se inicia a partir de la construcción teorética de tres elementos singulares y consecutivos: la teoría, la teoría jurídica y la teoría jurídica general.

En principio, pudiera interpretarse que esta construcción teórica de superposición de estructuras refiere el establecimiento de sistemas jurídicos modernos  institucionales, ya que la existencia de ciertos derechos subjetivos, no puede existir sin que medie el presupuesto de una norma jurídica fundamental (positiva) y evidentemente valida. Esta hipótesis solo se verifica en el contexto de un cierto orden jurídico democrático, que contempla en su estructura, protección y seguridad jurídica y social a sus integrantes.

Ahora bien, de una lectura  inferencial, se desprende que para el autor es fundamental distinguir las características esenciales de cada concepto en virtud de que el primero es antecedente inmediato del sucesivo, y sus elementos se integran en el siguiente, por lo tanto, considera a los tres como factores integradores de la ciencia jurídica de los derechos fundamentales, nuevamente desde el punto de vista teorético.

En ese sentido, el autor considera que el objeto de estudio de su dogmatica jurídica de los derechos fundamentales debe centrarse en la validez de un determinado supuesto jurídico en un determinado orden y con ciertos tipos de derechos fundamentales. Y en ese sentido, la estructura de la ciencia jurídica en el modelo explicativo del autor se integra por  tres dimensiones a saber: la analítica, la empírica y la normativa.

B)Método

Si bien es cierto que el análisis prescriptivo de una norma corresponde al esquema formalista del positivismo, el autor ( sin caer en cuestiones de contenido de deber ser o ser)lo retoma para fines de construcción metodológica y explicativa de su teoría, en razón de la utilidad pragmática que significa la interpretación lógica de los enunciados normativos, ya que en estricto sentido, la construcción  dogmatica de su teoria se compondrá del factor descriptivo del derecho legislativo y judicial sí, pero integrando el elemento normativo o de praxis judicial para restringir en todo caso lo que el autor llama “la retorica política y los vaivenes de la lucha  de las concepciones del mundo”.



A partir de esta concepción el autor plantea el problema de ¿que es lo jurídicamente debido y como ha de aplicarse?

C) Teoria de los derechos fundamentales (teoría del autor)

Primero. Propone una teoría integrativa  de carácter vinculatorio entre los enunciados generales o verdaderos de los derechos fundamentales, y las dimensiones de la ciencia jurídica en las que pueden ser expresados. Segundo. Su teoría no es en sí y para sí una categoría ideal y ontológica, de la teoría en la idea (como experiencia de lo humano), es decir , que se quede en el plano de las ideas esenciales de la ciencia jurídica -criticable dese el  punto de vista metafisico-, sino más bien una cuestión óntica, en donde la idea regulativa es la experiencia  en la idea, i.e. sin norma, orden jurídico o sistema integrado como base de la materialización de la idea, no pueden existir derechos fundamentales, esto es, teorízacion de conceptos, pero no positivos o formales, sino sociales orientadores y metodológicos

En ese sentido, el autor concibe su teoría no como un modelo explicativo de los derechos fundamentales, sino como ciencia  teórica mediante la cual se deben de aprehender y asimilar los conceptos de norma y derecho fundamental, y no como aplicación positiva y formal de éstos, y a partir de ahí, proponer esquemas de interpretación suficientes y totales, i.e. conocimiento teorico, pero de lo que existe; una norma, un orden social y un derecho fundamental. Y en cuanto a las diferentes teorías y de aquellos esquemas de interpretación jurídica que existen, integrar en uno solo, un paradigma diferente.


sobre derechos fundamentales

A partir de la crítica de la inviabilidad del positivismo del siglo pasado, que consideraba únicamente un esquema formalista de proposiciones deónticas de supuestos de hechos y consecuencias jurídicas, surge una nueva propuesta critica –constitucionalismo de principios- la cual, considera la existencia de otras normas con una estructura  más abierta y flexible (principios).

Criterios de distinción

Uno. Con base en la distinción estructural entre normas (reglas) y normas (principios) es que esta nueva propuesta da cuenta de las insuficiencias del positivismo jurídico que no contemplaba la existencia de las segundas.

A partir de esta sustancial característica se puede definir más concretamente su diferencia cuando se llega al campo de la aplicación, y en términos de Alexy, cuando existe el conflicto o colisión entre reglas y principios. En este punto, la contraposición de ellas se ha de solucionar integrando una clausula de excepción o declarando la invalidez de una de ellas acudiendo al principio de competencia y jerarquía, es decir a la potestad normativa para regular el supuesto jurídico, y en el caso de la jerarquía, atendiendo al rango que ocupe la norma en el sistema normativo, aquí la figura del juez cobra relevancia y fuerza ya que es éste el que define el sentido de aplicación y validez de la norma en función de la ponderación del peso circunstancial de cada una de ellas, sin dejar de notar que la norma no elegida, por ese solo hecho, no es aplicable para otro caso concreto. Y por tanto, no deja de ser válida ni precedente de otra diferente, es decir hay un supuesto de tensión de reglas, entendiéndose este concepto como ausencia de primacia de una sobre otra, en cuyo caso el juez no declara la invalidez de ninguna de ellas.

Dos. Ahora bien, existe también el grado de generalidad de las normas como criterio de diferencia entre los principios y las reglas, donde los primeros gozan de un grado de generalidad relativamente alto y las segundas de uno relativamente bajo, es decir una tesis débil de la separación cuya característica es la diferencia de grado y no estructural, es decir de carácter interpretativo y de aplicación y no normativo al considerar en deteminados supuestos a los principios como reglas y viceversa, como naturalmente se pudiera criticar.

 Tres. Si bien es cierto que ambas forman parte de un sistema normativo, también lo es que la diferencia radica fundamentalmente en la  fuerza deóntica y nivel de cumplimiento de cada una de ellas. En el caso de los principios (mandatos de optimización) pueden ser o no cumplidos en mayor o menor grado en función de las posibilidades reales y jurídicas, mientras que las reglas se cumplen o no (mandatos definitvos) Y en todo caso la diferencia sería cualitativa y no de grado.



Cuatro. Lo anterior no es óbice para que pueda formularse una teoría que excluya la ponderación “libertina” y discrecional de quien decide el derecho, al establecer condiciones de precedencia normativa, estructuras de ponderación y un sistema de prioridades prima facie de argumentación e inmediatez procesal que optimizen el procedimiento racional y justificación de la decisión judicial.

No obstante que este sistema no otorga resultados definitivos sino que únicamente establece lo que hay que fundamentar para justificar los enunciados de preferencia derivados de la ponderación,  y más aun, deja aristas abiertas a valoraciones de ponderación distinta, si prepara el campo de la argumentación jurídica racional como complemento a esas ausencias o vacios axiológicos de carácter racional y /o jurisdiccional.