A partir de la crítica de la inviabilidad del positivismo del siglo pasado, que consideraba únicamente un esquema formalista de proposiciones deónticas de supuestos de hechos y consecuencias jurídicas, surge una nueva propuesta critica –constitucionalismo de principios- la cual, considera la existencia de otras normas con una estructura más abierta y flexible (principios).
Criterios de distinción
Uno. Con base en la distinción estructural entre normas (reglas) y normas (principios) es que esta nueva propuesta da cuenta de las insuficiencias del positivismo jurídico que no contemplaba la existencia de las segundas.
A partir de esta sustancial característica se puede definir más concretamente su diferencia cuando se llega al campo de la aplicación, y en términos de Alexy, cuando existe el conflicto o colisión entre reglas y principios. En este punto, la contraposición de ellas se ha de solucionar integrando una clausula de excepción o declarando la invalidez de una de ellas acudiendo al principio de competencia y jerarquía, es decir a la potestad normativa para regular el supuesto jurídico, y en el caso de la jerarquía, atendiendo al rango que ocupe la norma en el sistema normativo, aquí la figura del juez cobra relevancia y fuerza ya que es éste el que define el sentido de aplicación y validez de la norma en función de la ponderación del peso circunstancial de cada una de ellas, sin dejar de notar que la norma no elegida, por ese solo hecho, no es aplicable para otro caso concreto. Y por tanto, no deja de ser válida ni precedente de otra diferente, es decir hay un supuesto de tensión de reglas, entendiéndose este concepto como ausencia de primacia de una sobre otra, en cuyo caso el juez no declara la invalidez de ninguna de ellas.
Dos. Ahora bien, existe también el grado de generalidad de las normas como criterio de diferencia entre los principios y las reglas, donde los primeros gozan de un grado de generalidad relativamente alto y las segundas de uno relativamente bajo, es decir una tesis débil de la separación cuya característica es la diferencia de grado y no estructural, es decir de carácter interpretativo y de aplicación y no normativo al considerar en deteminados supuestos a los principios como reglas y viceversa, como naturalmente se pudiera criticar.
Tres. Si bien es cierto que ambas forman parte de un sistema normativo, también lo es que la diferencia radica fundamentalmente en la fuerza deóntica y nivel de cumplimiento de cada una de ellas. En el caso de los principios (mandatos de optimización) pueden ser o no cumplidos en mayor o menor grado en función de las posibilidades reales y jurídicas, mientras que las reglas se cumplen o no (mandatos definitvos) Y en todo caso la diferencia sería cualitativa y no de grado.
Cuatro. Lo anterior no es óbice para que pueda formularse una teoría que excluya la ponderación “libertina” y discrecional de quien decide el derecho, al establecer condiciones de precedencia normativa, estructuras de ponderación y un sistema de prioridades prima facie de argumentación e inmediatez procesal que optimizen el procedimiento racional y justificación de la decisión judicial.
No obstante que este sistema no otorga resultados definitivos sino que únicamente establece lo que hay que fundamentar para justificar los enunciados de preferencia derivados de la ponderación, y más aun, deja aristas abiertas a valoraciones de ponderación distinta, si prepara el campo de la argumentación jurídica racional como complemento a esas ausencias o vacios axiológicos de carácter racional y /o jurisdiccional.
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